Jueces y Embargos

Parece que algunos jueces ya empiezan a pensar en justicia y se olvidan de la mierda de leyes impuestas por los ladrones banqueros y los politicos lameculos

Esto lo he encontrado en jueces para la democracia,
los politicos tambien deberian leer esto, desgraciadamente les importa una mierda que las leyes sean unas putas que follan con el primer banquero que ponga dinero encima de la mesa aunque este sea un baboso, borracho,pederasta y desgraciado.

PENA DE MUERTE PARA LOS POLITICOS CORRUPTOS Y LOS BANQUEROS CORRUPTORES


http://www.juecesdemocracia.es/pdf/Sobrehipotecasrescatesynaufragiossep2...
escrito por
Ximo Bosch (Magistrado. Portavoz territorial de Jueces para la Democracia)

Levante-EMV.com » Opinión
Sobre hipotecas, rescates y naufragios
Ximo Bosch*
Una realidad sangrante de nuestros juzgados es el creciente número de personas que han perdido sus
viviendas o están a punto de perderlas, al no poder abonar las cuotas del préstamo hipotecario. Se trata
habitualmente de deudores de buena fe, que no han actuado con ánimo defraudatorio, sino que han
perdido sus ingresos a causa de una crisis económica en la que no han tenido ninguna responsabilidad.
Las instituciones públicas han sufragado el rescate de las entidades bancarias, con el argumento de la
estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, no se han adoptado decisiones suficientes para paliar el
naufragio de decenas de miles de familias y garantizar el derecho fundamental a la vivienda.
En la línea de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, hemos de considerar que sería recomendable
la adopción de medidas de ayuda a los afectados por las dificultades hipotecarias, aunque la
consecuencia fuera limitar las ganancias del sector bancario. Lo cierto es que las entidades financieras,
pese a su responsabilidad en la crisis, apenas han notado los efectos de la misma. Es cierto que sus
directivos se quejan de que se han reducido levemente sus beneficios. Pero dicha situación resulta
envidiable para las numerosas empresas que sufren graves pérdidas que les llevarán al cierre o para los
millones de ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo. Los bancos no son entes
impalpables. Su capital social está integrado por personas que se reparten dichos beneficios. Y los
organismos públicos protegen económicamente a esos ciudadanos, mientras que muchos otros son
desalojados de sus viviendas, sin que se haya exigido a las entidades bancarias las contrapartidas
sociales pertinentes a cambio de la ayuda institucional prestada.
Además, la legislación procesal hipotecaria concede a las entidades bancarias numerosas prerrogativas
frente a los ciudadanos, los cuales a menudo se encuentran en una situación cercana a la indefensión.
Los jueces no pueden compensar estas desventajas, a causa de las limitaciones legales. A ello debemos
añadir que la jurisprudencia ha declarado reiteradamente la inclusión de numerosas cláusulas abusivas
en buena parte de los contratos de adhesión que imponen los bancos. Resulta necesaria una reforma de
las leyes procesales para modificar esta situación de desequilibrio, así como una regulación más
detallada de los contratos bancarios. Por otro lado, también sería conveniente la promulgación de una
ley de sobreendeudamiento familiar, que incluyera las oportunas medidas de protección.
Lo que resulta más desproporcionado es que la actual dinámica legislativa permite a los bancos que les
sean adjudicados los inmuebles hipotecados y que, posteriormente, puedan reclamar a los antiguos
propietarios cantidades de gran entidad. Es decir, la regla general es que los afectados han perdido sus
ingresos y su vivienda, pero continuarán embargados de por vida y condenados a una especie de muerte
civil. Dicha situación resulta contraria a las reglas más elementales de equidad y supone en la práctica
un enriquecimiento injusto de las entidades financieras. Parece más que aconsejable la regulación legal
de la dación en pago, para que la entrega del inmueble salde completamente la deuda, en términos
similares a otros países de nuestro entorno. Sin duda, ello puede reducir los beneficios bancarios, pero
los poderes públicos habrían de ponderar los intereses generales y apostar por las medidas más
efectivas para una adecuada cohesión social.
El presente no parece esperanzador, con un notable contraste entre las acciones de rescate hacia la
banca y la situación de naufragio que está llevando a una deriva angustiosa a numerosas familias. Sin
actuaciones públicas redistributivas será prácticamente imposible que en nuestro país se respete el
contenido esencial de los derechos sociales. Tampoco parece probable una recuperación económica si
buena parte de los ciudadanos no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar una vida digna.
Hemos de recordar las palabras de F. D. Roosevelt, pronunciadas en 1936 durante la Gran Depresión:
«Siempre hemos sabido que el interés egoísta e irresponsable era malo desde el punto de vista moral;
ahora sabemos que es malo desde el punto de vista económico.»
*Magistrado. Portavoz territorial de Jueces para la Democracia

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